El Tribunal Constitucional celebrará la próxima semana un pleno extraordinario en Cádiz, en el marco de los actos conmemorativos del 45 aniversario “de su constitución y entrada en funcionamiento”. Al anunciarlo, el tribunal ha subrayado que con este pleno también se propone “homenajear a la ciudad que vio nacer el constitucionalismo español, donde las Cortes de Cádiz aprobaron la Constitución de 1812″.
El pleno se reunirá el próximo martes, día 18, a partir de las 11 de la mañana en el Oratorio de San Felipe Neri, que albergó a las Cortes durante la invasión francesa y donde se promulgó la primera Ley Fundamental española, y al término de la sesión el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, comparecerán ante los medios de comunicación desde el Centro de Interpretación de la Constitución de 1812 para dar cuenta de los asuntos aprobados.
Está asimismo previsto que hacia las 12.30 dé comienzo un acto institucional con las intervenciones del propio presidente del Constitucional; del alcalde de Cádiz, Bruno García de León; y del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto.
Será la segunda vez que el Constitucional celebre un pleno extraordinario en Cádiz. La primera tuvo lugar en 2012, en la etapa en que el tribunal estaba presidido por Pascual Sala, quien también fue presidente del Tribunal Supremo. En aquella ocasión se trató de conmemorar los dos siglos transcurridos desde la aprobación de la Constitución de 1812 en la misma ciudad.
Se da asimismo la circunstancia de que Cádiz se ha ofrecido en más de una ocasión como sede permanente del Constitucional, en los momentos en que se ha barajado la posibilidad de trasladar la sede del tribunal fuera de la capital de España. Cada vez que se ha planteado esta hipótesis se ha apelado al caso y la experiencia positiva del Constitucional alemán, radicado desde su fundación en 1951 en Karlsruhe, fuera por tanto de la capital federal. Habitualmente, los defensores del cambio de localización en España se han apoyado, por otra parte, en la tesis de que la distancia con respecto a la capital estatal alejaría al órgano de garantías de las tensiones políticas que suelen acompañar a la actividad de los poderes ejecutivo y legislativo.
