El mundo sufre uno de los contextos más complejos de las últimas décadas: los conflictos son los más numerosos desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos superado el vergonzoso récord de más de 120 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. La emergencia climática causa cada vez mayores estragos, los feminicidios y el recorte de derechos de las mujeres avanzan de forma alarmante, y en muchos lugares defender los derechos y la libertad de identidad supone la persecución e incluso la muerte. Además, el cierre de USAID, la agencia estadounidense de cooperación, ya está suponiendo graves impactos sobre miles de personas en todo el planeta y las consecuencias son catastróficas, especialmente en cuestiones tan importantes como la atención a la población refugiada, la asistencia humanitaria, la salud sexual y reproductiva o la prevención y atención del VIH.

En un entorno de estas características es fundamental apostar por la defensa, pero no por aquella que de forma incoherente se vincula con la militarización, sino por una defensa radical de los derechos humanos, de la paz y de la garantía de vidas dignas en todo el planeta.

La intención de Pedro Sánchez de aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB para 2029 nos obliga a dar la voz de alerta. En primer lugar, supone un enorme contraste con la situación en la que se encuentra la cooperación internacional para el desarrollo, que apenas recibe un 0,24% del PIB, una cifra muy alejada del compromiso contemplado por la ley aprobada hace dos años, que aspira a llegar a un 0,7% de nuestro PIB en 2030. De cumplirse este anuncio del presidente, el gasto militar superará en casi 10 veces los fondos destinados a cooperación. Sin ir más lejos, en un solo año, la subida sería de entre 4.000 y 5.000 millones de euros, una cantidad superior a los 3.800 millones que España destina actualmente a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

En segundo lugar, estas declaraciones desatan algunos interrogantes que son, en realidad, fruto de una profunda preocupación: ¿el dinero destinado a fines militares se restará de políticas sociales que garantizan derechos humanos? Si hay dinero para gastos militares, ¿por qué no lo hay para cumplir con lo establecido en la Ley de Cooperación o para financiar otras políticas sociales que son urgentes? Si el Gobierno realiza declaraciones en defensa de la Agenda 2030, ¿cómo se entiende esta apuesta por el belicismo que va en contra, precisamente, del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? La elección debería estar muy clara: se trata de elegir entre políticas de guerra o políticas que contribuyan a la paz.

Liderar el cambio de rumbo

España puede cambiar el rumbo y marcar la diferencia. Se trata de apostar por una política de defensa de la garantía de los derechos humanos, de la calidad democrática, de la paz y protección del planeta. Ante los discursos que presentan la guerra como inevitable, España tiene la oportunidad de liderar la construcción de la paz y políticas que garantizan derechos: educación, trabajo digno, igualdad, salud, vivienda, alimentación, agua y saneamiento, protección social o paz. Son cuestiones esenciales para fortalecer la seguridad humana y frenar los conflictos. Si algo ha demostrado la cooperación en décadas de trayectoria es precisamente su eficacia en este sentido, por eso es esencial fortalecerla más que nunca.

El próximo mes de junio España acogerá la IV Cumbre de Financiación para el Desarrollo, un encuentro internacional que, según lo que recoge la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en su web, “supondrá el impulso a la movilización de las políticas y los recursos para el desarrollo por parte de la comunidad internacional para la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global”. Este relato contrasta con una decisión que, de llevarse a cabo, añadirá más leña al fuego de los conflictos y las crisis en todo el planeta: el aumento de los gastos militares supondrá un debilitamiento de las políticas de paz y una exacerbación de los conflictos que ya afectan de manera extrema a millones de personas y donde civiles, mujeres, niños y niñas son las principales víctimas. Confiamos en que el Gobierno reconsidere su postura y avance en la dirección que la humanidad necesita.

No podemos olvidar tampoco que no se trata solo de una posición de España; Europa está tomando una deriva militarista muy preocupante, como demuestra la reciente decisión de los 27 Estados miembro de aumentar el gasto militar y respaldar el plan de rearme propuesto por la Comisión. Es urgente poner freno a esta tendencia. El Gobierno español debe defender una UE coherente con sus valores fundacionales basados en el respeto a la democracia, el fomento de la convivencia y la garantía universal de los derechos humanos. Sumarse a estrategias militares que solo añaden más destrucción y sufrimiento no puede ser una opción, ni para España, ni para Europa, ni para el mundo. Hoy, más que nunca, es hora de construir colectivamente la paz. Es hora de cooperar.