Duterte, de 79 años, fue investigado por la CPI por su brutal guerra antidrogas en la que murieron más de 6.000 personas, según datos policiales; aunque observadores independientes y organizaciones no gubernamentales creen que el número de ejecuciones extrajudiciales podría llegar a las 30.000.
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La investigación de la CPI comenzó en el 2021 y se dio se dio a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en el 2019 para evitar ser implicado en un proceso.
El Learjet que transporta al expresidente filipino Rodrigo Duterte despega de la base aérea Villamor en Pasay, Manila, el 11 de marzo de 2025. (Foto de Jam STA ROSA / AFP).
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Sara Duterte, quien es vicepresidenta del país, acusó al Ejecutivo del presidente y antiguo aliado Ferdinand Marcos Jr., de entregar a un ciudadano filipino “a potencias extranjeras” en una “flagrante afrenta a nuestra soberanía”.
Marcos Jr. respondió que contribuyó a detener al exmandatario porque “Interpol pidió ayuda” y no por una “persecución política”.
“El avión está en ruta hacia La Haya, lo que permitirá que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas”, dijo en una rueda de prensa Marcos Jr.
CPI: Dirigió un escuadrón de la muerte
Los cuerpos de presuntos traficantes de drogas yacen en el suelo tras una operación policial antidrogas en Manila el 17 de agosto de 2017. (Foto de Noel CELIS / AFP).
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La sala de la CPI emitió la orden de arresto “secreta” el pasado 7 de marzo, algo que recién fue confirmado por dicha corte el martes, una vez que Duterte ya estaba en el avión rumbo a Países Bajos.
En la orden se considera que “hay motivos razonables para creer que el señor Duterte es responsable individualmente del crimen de lesa humanidad de asesinato”, según la agencia EFE, que tuvo acceso al documento gracias a la Unión Nacional de Abogados por el Pueblo (NUPL), que apoyó la denuncia ante la CPI.
El documento fue enviado por la CPI a Interpol para proceder con el arresto de Duterte, informó el medio digital Rappler, fundado por la periodista y Premio Nobel de la Paz María Ressa, que ha dado amplia cobertura a la sangrienta guerra contra las drogas del exmandatario.
En su orden, la sala citó una lista “no exhaustiva” de asesinatos de supuestos delincuentes: 19 a manos de un escuadrón de la muerte en la ciudad de Davao, de la que Duterte fue alcalde durante 22 años; y otros 24 “por o bajo supervisión de miembros de las fuerzas de seguridad” durante su mandato como presidente (2016-2022).
La sala de la CPI dijo que tiene elementos suficientes para concluir que Duterte dirigió un escuadrón de la muerte formado por policías y criminales conocido como Davao Death Squad o DDS.
En esta imagen tomada el 8 de julio de 2016, agentes de policía investigan el cadáver de un presunto traficante de drogas con el rostro cubierto con cinta de embalaje y un cartel que dice «Soy un camello», en una calle de Manila. (Foto de NOEL CELIS / AFP).
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La agencia EFE recordó que el propio Duterte admitió haber dirigido escuadrones de la muerte en Davao ante un comité del Senado filipino el pasado noviembre, en unas confusas declaraciones en las que aseguró que estaba formado por “gánsteres” que mataban a criminales.
Dijo que nunca había ordenado al escuadrón de la muerte que matara a sospechosos indefensos, pero sí le dijo al grupo “que alentase a los criminales a contraatacar, y cuando contraatacaran, los mataran para que mis problemas en la ciudad se resolvieran”.
Según el documento publicado por Rappler, la CPI consideró que Duterte “instruyó y autorizó la comisión de actos violentos contra supuestos criminales” y ofreció “incentivos financieros y ascensos a oficiales de policía y asesinos para matar a sospechosos”, entre otras “contribuciones esenciales” del entronces presidente a la comisión de crímenes de lesa humanidad.
¿Qué pasará ahora?
Rodrigo Duterte habla durante el discurso anual sobre el estado de la nación en la Cámara de Representantes en Manila el 26 de julio de 2023. (Foto de JAM STA ROSA / POOL / AFP).
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Michelle Reyes Milk, abogada Senior de la División Justicia Internacional de Human Rights Watch, le dijo a El Comercio que tras el arresto de Duterte, el mensaje para los gobernantes del mundo es que ante la CPI nadie está por encima de la ley, ni caben inmunidades ante dicha corte.
Sobre el argumento de la defensa de Duterte de que no le alcanza ninguna acción de la CPI porque Filipinas se retiró en el 2019 de ese organismo, Reyes sostuvo que en ese caso priman las reglas del Derecho Internacional.
“Filipinas era parte del Estatuto de Roma, ya se retiró, pero al momento en el que se dieron estas acciones por parte de Duterte, el país estaba bajo la jurisdicción del Estatuto de Roma, por eso se dio la investigación y ahora la orden de arresto y posterior juicio”, remarcó.
“Duterte se une a una lista de otras personas requeridas por la Corte Penal Internacional bajo una orden de arresto y que ocupan los cargos más altos, como Benjamin Netanyahu en Israel y Vladimir Putin en Rusia”, recordó la abogada.
Por su parte, Bryony Lau, directora adjunta para Asia de Human Rights Watch, manifestó que “la detención de Duterte es un avance clave hacia la rendición de cuentas en Filipinas. Duterte se enfrenta a cargos de lesa humanidad relacionados a las ejecuciones extrajudiciales de miles de personas entre los años 2011 y 2019, en el marco de su llamada ‘guerra contra las drogas’. Su detención representa para las víctimas y sus familias un paso más hacia la justicia, y enfatiza claramente la idea de que nadie se encuentra por encima de la ley”.
En cuanto a la legislación que se aplicará a Duterte en el juicio que le espera, Michelle Reyes anotó que será procesado y sentenciado bajo el Estatuto de Roma.
La CPI juzga genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, violaciones del derecho internacional humanitario y violaciones de los derechos humanos.
La corte puede imponer penas de prisión de hasta 30 años y, en casos excepcionales, cadena perpetua.
Durante el juicio, explicó Reyes, Duterte será recluido en la cárcel que tiene la CPI.
Agregó que si es condenado, Duterte puede cumplir su pena en un país que haya suscrito un acuerdo de cumplimiento de sentencia.
La guerra que lanzó Duterte
Rodrigo Duterte besa la bandera nacional mientras se dirige a sus partidarios durante un mitin de campaña electoral antes de las elecciones presidenciales en Filipinas, el 7 de mayo de 2016. (Foto por MOHD RASFAN / AFP).
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Duterte ganó las elecciones del 2016 con una amplia ventaja. En campaña había prometido lanzar una guerra contra las drogas. Destacó sus 22 años de gestión como alcalde de Davao, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, donde aplicó una política de mano dura contra la delincuencia.
En su último discurso electoral dijo a una multitud de seguidores que “olvidará las leyes de derechos humanos”.
“Si llego al palacio presidencial, haré lo mismo que hice como alcalde. Ustedes, traficantes de drogas, atracadores y vividores, será mejor que se vayan. Porque como alcalde, los mataré”, expresó.
Cuando asumió como presidente, lanzó redadas y ordenó a los policías disparar a matar si los sospechosos oponían resistencia.
De acuerdo con EFE, solo en los primeros 100 días de su mandato se contabilizaron unos 3.700 muertos, según datos oficiales, entre ellos pequeños vendedores de droga, líderes de organizaciones criminales y adictos.
Los familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte se toman de la mano frente a los retratos de sus seres queridos durante una misa en Manila el 11 de marzo de 2025. (Foto de Ted ALJIBE / AFP).
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Un año después, las muertes superaban las 4.000 y comenzaron a registrarse protestas masivas para rechazar la continuidad de las operaciones y denunciar la actuación de grupos parapoliciales. Duterte no cedió.
Las ONG de defensa de los derechos humanos empezaron a promover investigaciones internacionales tras el aumento de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales.
En el 2019, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, para eludir la jurisdicción de la justicia internacional. Tampoco dejó entrar al país a investigadores de la corte.
Finalmente, en el 2021 la CPI inició de manera oficial las investigaciones contra Duterte por los abusos supuestamente cometidos en la lucha contra las drogas.
