El Congreso de la República otorgó a sus trabajadores un bono por escolaridad equivalente a un sueldo completo. El beneficio, entregado en enero, no se limita a padres de menores en edad escolar; también lo recibieron quienes no tienen hijos.
El pago supera los S/25 millones solo si se considera a los 3.382 trabajadores del régimen 728, que concentra a la mayoría del personal del Parlamento. Según una fuente de El Comercio, los pensionistas (562) también cobraron el bono. En el caso de los congresistas, indicaron que ellos no lo recibieron.
La asignación económica se suma al bono de S/20.000 que cada trabajador del Legislativo recibió en enero por “cierre de pliego”, un beneficio logrado por el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sitracon), el gremio con más representación en el Legislativo, a través del Convenio Colectivo de Trabajo 2024-2025.
Sin restricciones
El bono por escolaridad se creó en 1985 como un beneficio para servidores públicos y profesores que tuvieran “a su cargo hijo o hijos menores en edad escolar”. Así lo establecía la norma inicial, firmada por Fernando Belaunde Terry cuando era presidente.
Este es el decreto que emitió el expresidente Fernando Belaunde Terry para otorgar la bonificación a servidores públicos con hijos en etapa escolar.
Desde entonces, los decretos publicados cada año para delimitar sus alcances dejaban en claro que su finalidad era “coadyuvar al financiamiento de los gastos inherentes al inicio del período escolar”. En el 2004, durante el gobierno de Alejandro Toledo, esa justificación desapareció de los textos normativos. Así se mantiene hasta la fecha.
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El secretario general del Sitracon, Tulio Vizcarra, justificó la entrega del bono a quienes actualmente no tienen hijos. Argumentó que los fondos pueden ser utilizados por los trabajadores para cursar sus propios estudios.
“¿Por qué no lo entendemos también como un tema de capacitación de los propios trabajadores, de especialización? Yo tengo compañeros afiliados que son solteros, o que tienen un hijo por ahí, y lo único que hacen siempre es seguir capacitándose con maestrías, doctorados. Y eso cuesta mucho dinero. Por lo general, otras instituciones les pagan toda la capacitación a sus trabajadores”, respondió.
En esta boleta, se registra el pago del bono por escolaridad similar a la remuneración completa del trabajador.
Franklyn Falla, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (Sitrapol), otro gremio dentro del Parlamento, indicó que el beneficio ya se pagaba así cuando se incorporó al Congreso. “Yo llegué a trabajar acá cuando existía esa norma. Es una ley que es para todos”.
Actualmente, el Decreto Supremo 002-2025-EF establece que los servidores públicos pueden recibir un monto máximo de S/400 por escolaridad. Sin embargo, el Congreso, al estar bajo el régimen laboral de la actividad privada y haberse excluido de la Ley Servir, define sus propios límites.
En los archivos del Legislativo existe registro del Acuerdo 046-94/MESA, del 16 de febrero de 1994, de la entonces Mesa Directiva del Congreso Constituyente Democrático (CCD) presidida por Jaime Yoshiyama, que discutió las condicionales laborales del personal del Congreso.
Este es el acuerdo que se emitió durante la presidencia de Jaime Yoshiyama.
“Se ratificó el acuerdo de Consejo Directivo del 10 de diciembre de 1993 para otorgar a los servidores del CCD [Congreso Constituyente Democrático] una remuneración por concepto de bonificación por escolaridad”, se lee.
El documento no especifica a cuánto equivale dicha remuneración. En el acuerdo del Consejo Directivo citado en el acta, tampoco figura el monto.
En marzo del 2000, cuando Martha Hildebrandt presidía el Parlamento, quedó fijado, a través del acuerdo de Mesa Directiva 367-99-2000/MESA-CR, que el pago sería “equivalente a una remuneración total”.
La normativa también lo permitía. El decreto supremo publicado ese año sobre el bono por escolaridad, que fijaba el monto como máximo en S/350, estipulaba que esos alcances no regían sobre los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada.
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Cuestionamientos
Para la expresidenta del Parlamento Mirtha Vásquez, el pago del beneficio se ha normalizado, a pesar de su desproporcionalidad, por la disposición de recursos con los que el Legislativo cuenta y la falta de fiscalización, entre otras razones.
“Cuando yo estuve en la presidencia del Congreso, verifiqué que hay varios beneficios que han sido así fijados desde hace varios años. […] Se ha vuelto una práctica que, teniendo recursos, el Congreso los destine a beneficios con montos bastante considerables”, afirmó.
Una boleta del 2023 que registra la bonificación recibida por un trabajador de la Organización Parlamentaria.
Además, consideró que los derechos laborales “se vuelven más bien privilegios cuando se señala una serie de beneficios por encima de los que recibe cualquier trabajador público”. Recalcó que estas decisiones dependen “de quien está en la Mesa Directiva, al frente del Congreso”.
Al ser consultado por este Diario, el actual presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, aseguró que revisará el tema. “Voy a enterarme bien de lo que me ha preguntado y si eso está acordado por negociación colectiva [Convenio Colectivo de Trabajo], evidentemente la Mesa [Directiva] tiene que cumplirlo. Pero vamos a revisar”, señaló.
En el 2005, cuando el bono por escolaridad también era entregado a los congresistas, Salhuana era vocero de la bancada oficialista de Perú Posible y renunció a dicho beneficio, junto con su grupo parlamentario.
La abogada laboralista Gloria Rodríguez señaló que una de las soluciones más efectivas y necesarias es que el Congreso esté supervisado bajo la Ley Servir. Remarcó que, si la norma ha fijado un promedio de S/400 como pago por escolaridad, es para mantener “el equilibrio presupuestario”.
“Todas las entidades que están bajo la Ley Servir, con los distintos regímenes laborales que coexisten en el Estado, se rigen a los lineamientos, directivas y normativas que Servir impone. El Congreso no, y es por ello que crean su propia ley, su propia normativa y su propia forma de aplicar beneficios”, explicó.
Por su parte, el abogado laboralista Jorge Toyama cuestionó que se haya interpretado y dispuesto que el bono por escolaridad se entregue “a quien no tiene hijos que estén estudiando”. Respecto a que esos fondos se destinen para los estudios de los trabajadores, dijo que no corresponde el nombre asignado a la bonificación.
“Eso no se llama escolaridad. Se llama bono educativo o bono de formación para el trabajador. Y si fuera así, tiene que ser otro concepto, porque escolaridad es solo educación primaria y secundaria. Además, si es para el trabajador, ellos mismos tendrían que acreditarlo”, explicó.
Este bono se otorgó equivalente a los días laborados por el trabajador.
Asimismo, consideró que es importante supervisar este tipo de pagos. “Aquí claramente hay una desviación del origen de este bono de escolaridad y debería iniciarse investigaciones a través de la auditoría interna del Congreso para dejar de pagar esto y solo hacerlo a quienes les corresponde”, aseveró.
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