El histórico juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 continúa este martes 11 desde las 9 a.m. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema evalúa el pedido del Ministerio Público de condenarlo a 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Para la audiencia de este martes se espera la declaración de los primeros seis testigos de la fiscalía. En la lista figuran altos mandos militares y funcionarios del Ministerio de Defensa al momento de los hechos, entre los que destasca Emilio Gustavo Bobbio, extitular del sector.
Pedro Castillo deberá comparecer ante la sala en medio de una huelga de hambre que, según dijo, inició este lunes en señal de protesta contra lo que califica como un “juicio oral politizado”. Mediante su cuenta oficial en X, el exmandatario difundió una carta en la que insiste en que su encarcelamiento es injusto.
Carta difundida en la cuenta oficial del expresidente Pedro Castillo en X.
El proceso ha estado marcado por la controversia desde su inicio. La semana pasada, Castillo se presentó sin abogado en la audiencia de instalación del juicio, realizada en una sala de audiencias adjunta al penal de Barbadillo, en Ate. En un intento por retirarse, recibió una advertencia del tribunal, que le recordó que está sometido a un proceso judicial con reglas claras y que podrían aplicarse “medidas coercitivas” en su contra.
El jueves, durante la segunda jornada del juicio, perdió los papeles y recurrió a insultos contra los fiscales que lo acusan.
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Otros implicados
Junto a Castillo, también son procesados como coautores del delito de rebelión la exprimera ministra Betssy Chávez, el exasesor de la PCM Aníbal Torres, el exministro del Interior Willy Huerta y los oficiales de la Policía Nacional Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón. Este último, quien actualmente reside en Suiza, fue declarado reo contumaz por no presentarse al juicio, ni de manera presencial ni virtual.
El Ministerio Público ha solicitado penas diferenciadas para los acusados: 15 años de prisión para Torres, debido a su avanzada edad, y 25 años para el resto de los implicados. Todos han rechazado los cargos. Castillo sostiene que el 7 de diciembre de 2022 solo leyó un discurso sin efectos legales y que nunca recurrió a la violencia. Asegura, además, que fue “el pueblo” quien le pidió cerrar el Congreso y que, en realidad, el golpe de Estado se lo dieron a él.
El tribunal encargado del caso está conformado por los jueces supremos José Neyra (presidente), Iván Guerrero y Norma Carbajal.
Por su parte, el representante de la Procuraduría General del Estado, Mario Camacho Lazarte, ha solicitado que, en caso de una sentencia condenatoria, los acusados sean obligados a pagar una reparación civil de más de S/ 64 millones.
