La justicia boliviana condenó este viernes 4 de octubre a ocho años de prisión a dos ministros de la expresidenta Jeanine Áñez por la compra irregular de equipos antidisturbios para contener la convulsión social que llevó a la caída de Evo Morales a fines de 2019.
La decisión fue tomada contra Arturo Murillo, extitular de Gobierno (Interior), y Luis Fernando López, de Defensa. El primero está detenido en Estados Unidos y el segundo refugiado en Paraguay.
Ambos exfuncionarios fueron hallados culpables de la compra irregular de gases lacrimógenos y bienes de uso militar en noviembre de 2019, cuando Áñez asumió el poder de manera interina en remplazo de Morales, que renunció a la presidencia en medio de masivas protestas contra un supuesto fraude electoral.
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Un juzgado anticorrupción declaró “culpables a Arturo Carlos Murillo Prijic por el delito negociaciones incompatibles (…) y a Luis Fernando López Julio por el delito de contratos lesivos al Estado”, precisó el Ministerio de Justicia, que formó parte de la acusación.
Por el mismo caso, Murillo fue sentenciado en Estados Unidos en enero de 2023 a 70 meses de prisión, declarado como responsable de la recepción de sobornos de una empresa de ese país que proporcionó el equipo antimotines.
El exministro de Interior también fue condenado en abril de este año por la justicia estadounidense a devolver a Bolivia un total 6,2 millones de dólares por su participación en la trama de corrupción. Todo el material fue comprado en 5,7 millones.
El exministro de Defensa ha mantenido bajo perfil como refugiado en Paraguay.
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En la convulsión social de noviembre de 2019, la oposición de derecha acusó Evo Morales, que llevaba 14 años en el poder, de promover un fraude en las elecciones de octubre de ese año para ser reelegido y gobernar hasta 2025.
Luego de renunciar acorralado por las protestas, lo remplazó la derechista Áñez (2019-2020), en una controvertida sucesión constitucional. Los desmanes luego fueron reactivados por los seguidores de Morales.
Los enfrentamientos entre civiles y fuerzas del Ejército y la Policía dejaron 35 muertos, según una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión, acusada por haber propiciado un golpe de Estado contra Morales.
La exmandataria cumple sentencia en una cárcel de La Paz, mientras el oficialismo y grupos civiles impulsan otro juicio por la matanza de personas.
