El pleno del Congreso de la República ha programado, entre los temas que evaluará este jueves 3 de octubre, el dictamen que resume los proyectos para crear el delito de terrorismo urbano.

“Ya tenemos un texto sustitutorio. Esperamos enriquecer con las opiniones y sugerencias de los especialistas y eso vamos a discutirlo y esperamos aprobarlo el día de mañana”, adelantó este miércoles el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (APP).

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La convocatoria para el pleno de este jueves 3 detalla que empezará a las 10 a.m. de manera presencial.

En declaraciones a la prensa, Salhuana anunció que se recabó la opinión de especialistas y representantes del Colegio de Abogados de Lima para evaluar el tema de la iniciativa sobre terrorismo urbano.

La iniciativa que se encuentra agendada en el pleno agrupa diversas iniciativas para incluir en el Código Penal el delito de terrorismo urbano con penas entre 20 y 30 años de prisión, además de las condenas correspondientes a otros delitos específicos como homicidio, robo agravado, sicariato, extorsión, entre otros.

La propuesta es que cuando dos o más de una lista de 40 delitos concurran en un mismo acto, generando “zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico”, se configure el delito de terrorismo urbano.

Gobierno anuncia su propio proyecto de terrorismo urbano

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció este miércoles que el Ejecutivo presentará su propio proyecto de terrorismo urbano con penas desde 30 años hasta cadena perpetua si se perpetran delitos de sicariato, conspiración, extorsión, entre otros, generando “terror y zozobra en la población o un sector de ella”.

“La ley por sí misma no tiene ningún sentido, pero vale per se por su carácter persuasivo. Vamos a señalar con el dedo a quienes cometan estos delitos y los vamos a calificar como terroristas, los vamos a perseguir y los vamos a meter a la cárcel”, aseguró.

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Gustavo Adrianzén aseguró que las personas que puedan ser sentenciadas por terrorismo urbano serán enviadas directamente al penal de Challapalca.

Asimismo, adelantó que el texto incluirá una disposición complementaria para que los militares y policías que sean denunciados en el marco de un estado de emergencia, solo puedan ser procesados en el fuero militar policial y no en la justicia civil.

“Hay una medida excepcional para ser aplicada en los estados de emergencia y, según esta medida, la disposición complementaria final, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que durante la vigencia de los estados de emergencia fueran denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones, serán investigados y/o sancionados según el artículo 173 de la Constitución Política del Perú”, señaló.

Esta parte de la Constitución señala que en caso de delito de función, “los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar”.

“Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que actúen en el marco de estos estados de emergencia, dentro de los planes y siguiendo órdenes, solamente van a poder ser juzgadas, investigadas, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución para ellas, que es en el fuero privativo policial militar”, reiteró el primer ministro.