La postura a favor de volver a analizar esta propuesta no solo tiene el respaldo del fujimorismo, sino también de representantes de las bancadas de APP, Avanza País, Somos Perú, Acción Popular y Podemos Perú, mientras que desde la izquierda han puesto reparos. No obstante, aún no existe un acuerdo para definir la lista final de delitos a incluir en un nuevo dictamen.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), afirmó que su grupo de trabajo va a insistir en esta iniciativa.

“Sí, por supuesto [que se va a retomar], como se sabe esto fue sometido a la discusión del pleno y desgraciadamente no alcanzó los votos necesarios para su aprobamos. Vamos a insistir con este proyecto de todas maneras, pero hay que lograr cierto consenso entre las diversas bancadas para garantizar su aprobación en el pleno”, manifestó.

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En junio último, el dictamen no tuvo apoyo en el hemiciclo debido a los cambios de último momento que realizó la fujimorista Martha Moyano, entonces presidenta de la Comisión de Constitución. Además, por la intención de un sector de la izquierda de incluir más delitos en la restricción. Por ello, la fórmula regresó a comisión.

De la lista inicial, se retiraron los delitos de violación sexual, colusión, corrupción de funcionarios, trata de personas, homicidio y secuestro. Precisamente por estos dos últimos, el expresidente Alberto Fujimori, quien semanas después anunció una candidatura, fue condenado a 25 años de prisión en el 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y las retenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

Fujimori falleció el último 11 de setiembre, a raíz del cáncer a la lengua que padecía.

En comunicación con El Comercio, Rospigliosi dijo que no puede precisar si se volverá a la fórmula inicial del dictamen, porque “eso depende de las conversaciones con las diversas bancadas”. “Tenemos que llegar a ciertos acuerdos, en algún momento se incluyó una infinidad de delitos, se hizo una lista de lavandería, lo que es impropio de una Constitución”, remarcó.

El parlamentario de Fuerza Popular refirió que la restricción debe ser orientada a los delitos que afectan al sistema democrático.

También refirió que espera que la muerte de Fujimori “reduzca la resistencia” de algunas bancadas en la aprobación de este dictamen.

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Al respecto, el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, adelantó que su bancada “sin duda apoyará” que se amplíen los impedimentos para postular a cargos de elección popular.

“Estoy de acuerdo con todos los candados que se aprueben para impedir que sentenciados postulen. Mi bancada sin duda apoyará”, señaló en breve comunicación con este Diario.

Sin acuerdo para la lista de delitos

Desde Avanza País, el congresista Edward Málaga indicó que “definitivamente, se debe insistir” en el dictamen, pero subrayó que “no se debe incluir o excluir delitos a fin de favorecer a los líderes investigados, acusados o condenados de cada bancada, sino para evitarle al país la vergüenza de llegar a ser gobernador por personajes que cometieron actos incompatibles con la democracia”.

En diálogo con este Diario, Málaga señaló que su bancada aún no ha consensuado una postura respecto a la lista de delitos que deben ser incorporados en el nuevo texto.

A título personal, sostuvo que se debe partir de la propuesta inicial, es decir terrorismo, narcotráfico, violación de la libertad sexual, corrupción de funcionarios, homicidio, tratada de personas, secuestro, traición a la patria y delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional.

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A su turno, el congresista Héctor Valer (Somos Perú) sostuvo que su bancada está de acuerdo con que la propuesta para incorporar mayores candados para las postulaciones llegue otra vez al pleno. No obstante, remarcó que debe ser debatido como parte de un paquete de reformas, como la valla electoral, el número de senadores y la reelección de autoridades locales y regionales.

“Nosotros estamos a favor de que aquellos que cometieron homicidios contra los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas no deben postular, tampoco los sentenciados por corrupción de funcionarios, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas”, manifestó.

No obstante, evitó señalar si su agrupación apoyaría incluir o no los delitos contra el sistema democrático.

“Creo que existía uno solo en el país [golpista], que era Francisco Morales Bermúdez. Lo que hizo el señor Pedro Castillo fue un intento de golpe de Estado”, expresó Valer, quien fue primer ministro durante el gobierno del profesor.

Valer, además, opinó que, con el deceso de Fujimori, esta propuesta podría “ser más viable”.

“Nosotros creemos que Fuerza Popular defendió a su líder máximo [en junio], porque él estaba inmiscuido no solo por una sentencia por homicidio, sino por corrupción. Sí, ahora creemos que va a ser más viable, creo que podemos alcanzar lo mínimo, que son 87 votos, para concretar esta reforma constitucional”, mencionó.

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Por su parte, el parlamentario Luis Aragón (Acción Popular) dijo, a título personal, que está de acuerdo con establecer “controles y candados” para evitar a candidatos con antecedentes en las próximas elecciones. Pero indicó que en su bancada aún no hay un consenso para determinar una lista de delitos mínimos.

Aragón refirió que él incluiría delitos contra la administración pública y violación sexual. No obstante, se mostró en contra de intentar bloquear algunas candidaturas.

“Si se quiere hacer una reforma que no sea con nombre propio, sino en general, que se incluyan diversos delitos. Pareciera que existen ciertos candidatos que saben que no van a ganar y quieren imponerse de otra manera, eso no es bueno, la reforma debe ser total y no parcial. Pareciera que algunos están con miedo, a los gallos se les ve en la cancha”, acotó.

El congresista Guido Bellido, de Podemos Perú, sostuvo que los condenados por extorsión, trata de personas, sicariato y violación sexual no deben participar en política, así hayan cumplido sus penas. La misma postura tuvo sobre los sentenciados por secuestro y homicidio.

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La postura de la izquierda

El congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) sostuvo que, en las actuales condiciones, su agrupación no apoyaría un dictamen “manipulado por apetitos políticos del fujimorismo y sus aliados”.

“La presidencia de la comisión, es decir el fujimorismo, inicialmente promovió esta ley con nombre propio para evitar la candidatura de Antauro Humala, pero luego quisieron beneficiar al entonces precandidato Alberto Fujimori y otros personajes corruptos. Entonces, volvieron a cambiar el texto”, manifestó Quito.

En comunicación con El Comercio, Quito subrayó que ya la Constitución prohíbe que los sentenciados por delito doloso en primera instancia puedan postular.

“Las inhabilitaciones deben estar establecidas en las respectivas sentencias, tampoco pueden ser eternas”, finalizó.

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Desde Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, la parlamentario Nieves Limachi indicó que en un estado de Derecho y buscando coherencia con la resocialización, “una medida de este tipo”, en referencia a colocar mayores candados para ser candidato a cargos de elección popular, “debería ser muy excepcional”.

“Personalmente, se podrían considerar los delitos de corrupción de funcionarios, porque guardan relación con la función pública”, dijo.

Juntos por el Perú, partido que lidera el congresista Roberto Sánchez, ha tenido acercamientos para formar una alianza electoral con Antauro Humala, sentenciado por el andahuaylazo, donde fueron asesinados cuatro policías.

Para la parlamentaria, Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, en este momento, este dictamen no es prioridad.

“Hay temas a nivel nacional que exigen una mejor atención, como los incendios forestales, requieren de mejor regulación, la situación es muy crítica en algunas regiones, no hay presupuesto para los bomberos. Y otro tema es la inseguridad”, subrayó.

¿Cuáles son los impedimentos vigentes?

En junio de 2020, el Congreso complementario aprobó una reforma constitucional que incluyó en la Carta Magna dos nuevos artículos, el 34-A y el 39-A. El primero establece que “están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

Y el otro que los condenados, en primera instancia, por delitos dolosos están prohibidos de ejercer la función pública.

El artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones establece una serie de impedimentos para postular a la presidencia o vicepresidencias de la República. Por ejemplo, en el inciso E indica que no pueden ser candidatos a estos cargos “el cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afines dentro del segundo, del que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección”.

En el inciso H remarca que “los deudores de reparaciones civiles inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y los deudores inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)” tampoco pueden tentar el máximo cargo de la nación.

Y en el inciso J fija que las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenados por colusión, peculado o corrupción de funcionarios no pueden postular a la Presidencia ni a las vicepresidencias de la República, “aún cuando hubieran sido rehabilitadas”.

El abogado Enzo Elguera, experto en derecho electoral, indicó que no hay otras normas vigentes que establezcan impedimentos para los sentenciados. Por ello, refirió que “no solo es necesario, sino que urge que el Congreso adopte un acuerdo” para evitar que personas que intentaron socavar el modelo democrático puedan acceder al poder.

“Deben ponerse de acuerdo en pro de la salud institucional y política del país, de lo contrario estarían promoviendo que las peores personas no tengan impedimentos para postular a la Presidencia. Esto requiere de madurez política”, sostuvo.

En comunicación con El Comercio, Elguera refirió que el impedimento de ser candidato a cargos de elección popular para aquellos sentenciados por conductas antidemocráticas no debería tener fecha de caducidad.

También indicó que para evitar la politización del dictamen se deben incluir una lista amplia de delitos graves.