En el escenario digital brasileño, las plataformas de redes sociales son arenas de discusiones acaloradas y también de intensa toxicidad, especialmente para las mujeres. Aquellas que se destacan en áreas como política, ciencia y cultura a menudo enfrentan acoso, ataques y una avalancha de comentarios negativos en sus perfiles en línea que refuerzan estereotipos de género.
Incluso los insultos considerados “menos graves”, cuando se repiten hasta el cansancio, crean un ambiente hostil que puede desencadenar un ciclo de silenciamiento, en el que voces importantes se sienten desalentadas a participar en el debate político o a compartir opiniones. Si nada cambia, la política institucional seguirá perdiendo grandes talentos femeninos.
Monitoreando la violencia política de género
En 2020, cuando el Instituto AzMina, InternetLab y Núcleo Jornalismo lanzaron MonitorA, un observatorio de violencia política de género digital, era posible acceder a los datos de las principales plataformas que operaban en el país: el antiguo Twitter (actual X), las redes sociales de Meta (Instagram y Facebook) y YouTube. También había un canal de comunicación con representantes legales de estas grandes tecnológicas, que aceptaban sugerencias y se abrían a conversaciones fructíferas sobre cómo crear un entorno en línea seguro para todas las comunidades, especialmente aquellas subrepresentadas en espacios de poder.
En las dos primeras ediciones, los datos y análisis del observatorio ayudaron a las candidatas víctimas a comprender la dinámica de la violencia política en línea y a defenderse en debates públicos e incluso en procesos judiciales. El material también se transformó en reportajes, contenido para redes sociales e informes técnicos para incidencia política.
A puertas cerradas
Cuatro años después, en las elecciones municipales de 2024 en Brasil, el escenario que encuentra nuestro equipo de investigación es otro: fuimos testigos de la compra de X por el multimillonario Elon Musk; del cierre de CrowdTangle, la herramienta que permitía el monitoreo abierto y gratuito de las redes de Meta; y también del cierre de la oficina de X en Brasil, seguido de una decisión del Tribunal Superior Federal (STF) que bloqueó el uso de la plataforma en todo el país.
Más allá de las discusiones jurídicas sobre soberanía digital, es un hecho que la falta de una sede o un representante legal dificulta el cumplimiento de decisiones judiciales sobre moderación de contenido, la comunicación con la prensa, el gobierno y los propios usuarios.
En las elecciones generales de 2022, analizamos manualmente más de 10 mil tuits recopilados en una semana de campaña. De estos, más de 3 mil eran ataques y/o insultos dirigidos a solo 97 candidatas. Dos años después, la experiencia cotidiana nos muestra que esta violencia continúa, pero técnicamente, somos incapaces de analizar sus dinámicas sin infringir la ley.
En 2024, con acceso solo a los datos de YouTube, podemos evaluar la conversación entre los electores, pero no los insultos dirigidos a las candidatas. Hasta ahora, ya hemos evaluado más de 8 mil comentarios realizados en transmisiones de debates, y más de la mitad contiene algún tipo de ofensa a las candidatas.
Escenario de opacidad
La transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas son herramientas poderosas para enfrentar la toxicidad de los entornos digitales. Pero en este momento, con la excepción de YouTube, ninguna plataforma que opera en Brasil – con o sin representación en el país – ofrece acceso abierto y gratuito a sus datos.
Nuestra conversación política ocurre allí, alimentando la poderosa economía de la atención para la venta de anuncios, pero no es posible monitorearla. La falta de acceso compromete la creación e implementación de políticas eficaces para combatir la violencia digital, perpetuando un ambiente inseguro y silenciando voces femeninas y muchas otras, como las de personas racializadas o con discapacidades.
La regulación es urgente
Mientras persiste el “apagón de datos”, es crucial que la sociedad civil, las organizaciones y el gobierno se unan para enfrentar la toxicidad en línea, y que las propias plataformas se despierten ante el problema. La transformación de este escenario comienza con la educación mediática en todos los niveles – desde campañas para los usuarios estándar hasta formaciones para ejecutivos de la industria de las comunicaciones y políticos -, con el fin de comprometerse con un espacio digital que promueva la igualdad y el respeto.
Además de esto, creemos en la urgencia de políticas públicas sólidas de gobernanza en el campo de las comunicaciones y la tecnología, en un debate amplio que involucre al poder público y a los altos mandos de las grandes tecnológicas. Solo así podremos avanzar hacia un entorno donde todos, independientemente de su género, puedan expresarse libremente y con seguridad.
*Bárbara Libório es directora de contenidos y Ana Carolina Araújo es jefa de proyectos de periodismo y datos de la revista feminista AzMina.
