La defensa jurídica del expresidente colombiano Álvaro Uribe ha interpuesto este jueves una acción de tutela por presuntas violaciones a las garantías procesales de su cliente. Según argumenta el penalista Jaime Granados, el juzgado de Bogotá a cargo del caso por los delitos de soborno y manipulación de testigos no dio tiempo suficiente para que la defensa evaluara unas pruebas que tiene la Fiscalía y que considera necesarias para preparar la estrategia de Uribe. Por ello, la tutela solicita al Tribunal Superior de Bogotá que suspenda provisionalmente las audiencias preparatorias del juicio contra el exmandatario y declare que el juzgado transgredió los derechos del procesado. “Es claro que el juzgado impidió flagrantemente el ejercicio del derecho a la defensa”, asegura el texto.

La nueva disputa es por la información de un computador y un celular incautados en 2020 a Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos contra Uribe. La tutela señala que a principios de septiembre la jueza Sandra Liliana Heredia aceptó la solicitud de la defensa de acceder a la información extraída, que ha estado en manos de la Corte Suprema. El problema fue que el alto tribunal solo autorizó la entrega de los datos el 19 de septiembre y que esto recién se pudo concretar el lunes 30 de septiembre a las 6.53 de la noche. La audiencia se dio el 2 de octubre. Ante el corto plazo resultante, este miércoles la defensa solicitó a la jueza suspender la diligencia hasta el 8 de octubre, pero Heredia no accedió.

La argumentación del juzgado es que la defensa ya ha accedido a una copia de la información que tenía la Fiscalía y que el peritaje de la versión que tiene la Corte Suprema puede presentarse hasta cinco días antes del juicio oral. Para Granados, esto no es suficiente. “Desde la audiencia del 6 de septiembre fue claro que el término concedido fue para acceder a la evidencia original y también a la copia espejo, no sólo a uno [de los elementos]”, argumenta la solicitud de medidas cautelares. Ha insistido en la importancia de una revisión exhaustiva porque ya han encontrado otros casos de materiales adulterados. “Tenemos pruebas que compartimos en su momento con la Fiscalía y que vamos a presentar públicamente”, comentó Granados este jueves en una entrevista con Caracol Televisión.

La preocupación de las víctimas del caso es que esto sea una maniobra dilatoria para buscar que prescriba el caso, algo que sucedería si no hay una sentencia para finales de 2025. El abogado defensor asegura que esta no es la intención del expresidente. “Hemos pedido siete días que no generan ningún traumatismo ni violan ninguna garantía. El más interesado en que se sepa la verdad y se haga justicia es quien sufre el proceso, que es Álvaro Uribe Vélez”, declaró el miércoles en una rueda de prensa. Asimismo, señaló que han notado “tirantez” con la jueza desde el comienzo y la responsabilizó por las demoras: “Al no validar los derechos de Álvaro Uribe Vélez, está dinamitando este proceso. Esa es la consecuencia de tener un proceso sin defensa”.

La Fiscalía y la representación de víctimas han apoyado la visión de Heredia. “Desde hace 12 días que ya se tiene conocimiento de los elementos”, dijo Reinaldo Villalba, abogado de las víctimas, en la audiencia. La Procuraduría, en tanto, reiteró su respaldo a la visión del acusado: “La defensa tiene toda la facultad de establecer si la copia espejo [de la Fiscalía] es idéntica a la original”.

“Ay señora juez, por Dios”

Granados ha interpuesto la acción de tutela un día después de una estrepitosa salida de Uribe de la audiencia preparatoria, que se hizo el miércoles vía teleconferencia. La jueza le preguntó si tenía claro los hechos por los cuales se hacían las audiencias y el político respondió que lo único que tenía claro era que se estaba adelantando un proceso en el cual se le habían negado las pruebas, y que debía retirarse. Heredia le preguntó si quería declararse inocente o culpable, y el exmandatario no contuvo su enojo. “Ay señora juez, por Dios. Ay señora juez, por Dios. ¿Por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero es que aquí hay una cosa muy grave…”. Ella lo interrumpió: “Perdón, señor Uribe. No tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes. Estoy simplemente cumpliendo un deber para el cual el Estado me ha nombrado”. Él concluyó que ella le estaba haciendo “un daño insuperable” y se retiró.

El caso se remonta a 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles, para involucrarlo con el paramilitarismo. En 2018, el alto tribunal le dio un giro al caso: archivó el proceso contra Cepeda y, en cambio, pidió investigar al expresidente bajo la sospecha de que él y sus abogados manipularon testigos para que se retractaran de los señalamientos en su contra y acusaran a Cepeda de ser él quien los presionó para enlodar a Uribe. El congresista, cercano al presidente Gustavo Petro, estuvo presente en la audiencia del miércoles en calidad de víctima.

En el centro del proceso está uno de los abogados del expresidente, Diego Cadena, investigado por la Fiscalía por el mismo caso. Supuestamente, Cadena ofreció beneficios judiciales o dinero a exparamilitares para que rectificaran las denuncias que habían realizado respecto a que en los años noventa un grupo paramilitar se conformó en una finca de la familia de Uribe. Uno de los principales testigos es Juan Guillermo Monsalve, a quien Cadena visitó en la cárcel en febrero de 2018. La defensa de Álvaro Uribe, en cabeza de Jaime Granados, sostiene que el exmandatario no tenía conocimiento sobre las actuaciones de ese abogado.

Durante años, el caso estuvo por naufragar. La Fiscalía solicitó tres veces la preclusión del proceso durante la gestión de Francisco Barbosa, amigo del expresidente uribista Iván Duque, como fiscal general (2020-2024). Sin embargo, Gilberto Villareal fue designado en enero como nuevo fiscal del caso y en marzo Luz Adriana Camargo se convirtió en la nueva fiscal general. La postura de la entidad dio un giro de 180 grados: en mayo, acusó al exmandatario de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. Entonces, tras el aval de la jueza, Uribe fue llamado a juicio y se convirtió en el primer expresidente en décadas en sentarse en el banquillo de los acusados.