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La universidad pública argentina ha renovado el pulso que mantiene con el Gobierno de Javier Milei. Decenas de miles de personas llenaron este miércoles la plaza frente al Congreso en Buenos Aires para exigir más dinero para la educación superior. Eligieron el Congreso y no la Casa Rosada porque es allí donde se juega el futuro de una ley de financiamiento universitario aprobada por la oposición el 13 de septiembre pasado. El presidente ultraderechista tiene listo el veto a la norma, con el argumento de que es “populista y demagógica” y pone en peligro el equilibrio fiscal. Dependerá de los diputados y senadores conseguir dos tercios de los votos para anularlo. “A nuestros representantes en el Congreso, muchos de ellos egresados de la universidad pública, les pedimos que de confirmarse el veto sostengan en el recitno la ley”, ha dicho en su discurso ante la multitud Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Para el Gobierno, la protesta fue “un espectáculo mediático” montado por la oposición “con el propósito de obstruir el plan económico del presidente”, según dice un comunicado de la Oficina de la presidencia.

La de este miércoles fue la segunda manifestación masiva que enfrenta Milei por su política de recortes presupuestarios. En abril pasado, medio millón de personas marchó en defensa de las universidades públicas ante la inminencia de un cierre por asfixia financiera. La educación superior es el orgullo de generaciones de argentinos que, desde que fue declarada gratuita en 1949 ven en ella una llave hacia ascenso social de las clases bajas y medias. Milei llegó al poder sosteniendo que las universidades son un reservorio de “comunistas” y que los profesores “adoctrinan” a los alumnos con ideas izquierdistas. Y acompañó la embestida con un recorte de fondos que al inicio del año afectó los salarios de los profesores y puso incluso en peligro el pago de cosas tan elemantales como la electricidad. Ante la emergencia, la oposición logró, pese a los reclamos del Gobierno, aprobar en septiebre una ley que actualiza salarios y garantiza el financiamiento universitario. El coste fiscal de la norna es del 0,4% del PIB, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Vista panorámica de la manifestación en la plaza frente al Congreso argentino en Buenos Aires, el 2 de octubre de 2024.
Vista panorámica de la manifestación en la plaza frente al Congreso argentino en Buenos Aires, el 2 de octubre de 2024.JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE)

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que reúne a las autoridades académicas del país, advirtió que “entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45% en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50% del total del personal”, alertó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que reúne a las autoridades académicas del país.

El Gobierno asegura que ha aumentado las partidas que envía a las casi 70 universidades nacionales. Lo ha hecho en un 150% interanual entre enero y septiembre de este año, pero cuando se le descuenta la inflación los recursos caen un 30%, según un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto. El promedio salarial de un “cargo testigo”, esto es un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusia una carga de 20 horas semanales es de 360.000 pesos, unos 360 dólares el cambio oficial. La canasta básica familiar para no ser pobre en Argentina fue en julio pasado de 900 dólares. “Muchos docentes están bajo la línea de pobreza, algo que no sucedía desde hace más de 20 años. La pérdida de trabajadores que se van de la universidad pública es importante”, advirtió Carlos De Feo, secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios.

La protesta de este miércoles, que se replicó en capitales provinciales, estuvo protagonizada sobre todo por estudiantes y profesores. Se sumaron también jubilados, trabajadores, militates de partidos de extrema izquierda, dirigentes políticos opositores y sindicalistas. La presencia de dirigentes como Sergio Massa, ex candidato presidencial del kirchnerismo en las elecciones pasadas, o el senador radical Martín Lousteau, avivaron las denuncias oficiales de “politización” de la marcha. Milei usó sus redes sociales para fustigar la convocatoria reposteando los mensajes de sus seguidores más fanáticos. “Esto no es una marcha universitaria sino una marcha de parásitos que viven de los impuestos, es decir, del hambre de la gente” o “Ganó Milei. Demostramos que fue una marcha política, que usaron recursos de la universidad para trasladar a militantes de la Cámpora [la agrupación del hijo de Cristina Kirchner, Máxicmo, y la Uocra [sindictado de obreros de la construcción], que estuvo presente Massa, el que ajusto de verdad a la universidad para financiar la campaña, que estuvo la corrupta de CFK”, se lee en el perfil de X del presidente.

La convocatoria fue menor que en abril, pero volvió a ser masiva. La Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande y prestigiosa de Argentina, fue la cara más visible, pero también estuvieron presentes frente al Congreso todas las universidades del extrarradio, cuya creación en las últimas décadas abrió las puertas a miles de estudiantes que fueron primera generación de universitarios. La transformación social que encarnaron se ve amenazada por el recorte presupuestario. “Venimos a pelear para que nuestros hijos puedan estudiar”, dijo Graciela Pérez, estudiante de 48 años de Trabajo Social en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). “Sin universidad pública gratuita a mí me sería imposible estudiar y mis hijos tampoco podrían hacerlo”, advirtió Pérez mientras otra estudiante sostenía a su lado una pancarta en la que podía leerse “Sin educación pública, el futuro es para pocos”.

Cerca de allí, alumnos de Ciencias Ambientales de la Universidad de Avellaneda pidieron que Milei no les “arruine el presente” ni vete su futuro. Una de ellas, Silvina, lamentó que en vez de arreglar “todo lo que está mal en Argentina”, el Gobierno quiera deteriorar las universidades públicas, uno de los escasos motivos de orgullo nacional que están más allá de la polarización política. Silvina, de 27 años, aseguró que aún le cuesta creer que Argentina tenga un presidente que recorte en investigación científica, cuando es una de las claves para el desarrollo futuro de cualquier país. “Muchos compañeros están buscando becas para irse al extranjero porque acá está todo frenado, es una gran pérdida para Argentina quedarse sin miles de jóvenes formados”, añadió.

Entre las críticas más recurrentes estuvieron aquellas dirigidas a la promesa hecha por Milei de terminar con la casta política. “Al final la casta eran los estudiantes, los trabajadores y los jubilados”, podía leerse en una pintada realizada en los alrededores de la Plaza del Congreso. “Un sueldo de Manuel Adorni [el portavoz presidencial] es igual a 20 sueldos de auxiliar docente”, denunciaba una docente jubilada.

Todos los ojos están puestos ahora en el Congreso, que deberá juntar los votos necesarios para anular el veto de Milei si pretende mantener con vida a la ley de financiamiento universitario. El Gobierno logró días atrás salvar el veto a una ley que subía las pensiones a los jubilados, pero ahora le faltan al menos seis votos para repetir la jugada. Todo dependerá de la decisión que tomen los opositores considerados “dialoguistas” y el efecto que haya tenido sobre ellos la marcha frente al Congreso.

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