El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que plantearán ante el Congreso como parte de su proyecto de ley sobre terrorismo urbano, una disposición para que los militares y policías que sean denunciados en el marco de un estado de emergencia, solo puedan ser procesados en el fuero militar policial y no en la justicia civil.

En la conferencia de prensa del gabinete de este 2 de octubre, Adrianzén anunció la presentación de la iniciativa para modificar el Código Penal en lo relativo a sicariato y extorsión y para incorporar el delito de terrorismo urbano.

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“De la misma manera quiero informar que hay una medida excepcional para ser aplicada en los estados de emergencia y, según esta medida, la disposición complementaria final, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que durante la vigencia de los estados de emergencia fueran denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones, serán investigados y/o sancionados según el artículo 173 de la Constitución Política del Perú”, señaló.

Esta parte de la Constitución señala que en caso de delito de función, “los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar”.

Esto, según Adrianzén, era un compromiso que tiene el Gobierno para que estos agentes puedan actuar “con garantías de protección legal durante estados de excepción”.

“Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que actúen en el marco de estos estados de emergencia, dentro de los planes y siguiendo órdenes, solamente van a poder ser juzgadas, investigadas, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución para ellas, que es en el fuero privativo policial militar”, reiteró el primer ministro.

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En lo referido a la figura de terrorismo urbano, Adrianzén explicó que proponen agravar las penas para que sean sentenciados de 30 años hasta con cadena perpetua si se perpetran delitos de sicariato, conspiración, extorsión, entre otros, generando “terror y zozobra en la población o un sector de ella”.

“La ley por sí misma no tiene ningún sentido, pero vale per se por su carácter persuasivo. Vamos a señalar con el dedo a quienes cometan estos delitos y los vamos a calificar como terroristas, los vamos a perseguir y los vamos a meter a la cárcel”, aseguró.