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De acuerdo con el estudio, realizado a escala nacional y en zonas urbana y rural, un 50% de la ciudadanía considera que esta influencia es “muy alta”; mientras que otro 32,2% estima que es “alta”. En suma, más el 80% de peruanos percibe que las economías ilegales inciden en los políticos.

Si bien hay una percepción generalizada, se puede destacar que, a nivel de regiones, hay mayor incidencia en Lima y Callao, así como en la zona norte y centro del país. Además, hay mayor reflexión de esta situación en aquellos jóvenes adultos de entre los 25 y 34 años.

Franco Olcese, socio del Centro Wiñaq, afirmó a El Comercio que las cifras reflejan que este es un problema que está siendo visible y “palpable” para la ciudadanía. A su juicio, esto está relacionado “con la impunidad, la falta de reacción y la facilidad con la que operan” este tipo de economías, lo que “fortalece esa percepción”.

“No se necesita ver una relación explícita, basta con ver que operan con total tranquilidad. Cuando el 50% de los bodegueros están siendo extorsionados; cuando no se puede hacer una obra sin que vengan cobrar cupos. La población no está viendo una reacción con respecto a eso y dicen, bueno, deben tener influencia”, comentó Olcese.

Similar postura tuvo Jeffrey Radzinsky, director de GFP consultores, quien apuntó que la economía ilegal per se no puede analizarse de manera aislada de sus efectos, que van desde contaminación hasta extorsión, homicidios y otros delitos vinculados al crimen. “Entonces lo que la gente ve o nota son esos efectos, esa serie de delitos, en muchos casos violentos, asociados a estas prácticas”, remarcó en diálogo con este Diario.

Radzinsky también apuntó que esa percepción se alimenta no solo de hechos noticiosos respecto a estos temas, sino también por la acción del sector político, como el Congreso de la República. “Si uno ve la poca confrontación que ha habido, desde el poder político, a las economías ilegales, daría a pensar porqué está tan generalizada esta idea de influencia de estas industrias”, acotó.

Financiamiento hacia el 2026

En contraparte, de cara a las próximas elecciones de 2026, el estudio también recoge que la ciudadanía considera que el financiamiento de los partidos políticos para sus campañas debe salir del sector formal de la economía; es decir, de personas naturales y jurídicas.

Un 60% de los encuestados se inclina hacia esta posición, según la encuesta. Únicamente un 14% considera que es el Estado el que debe financiar a los partidos políticos; mientras que otro 11.4% considera que debe salir de fuentes relacionadas, justamente, con las economías ilegales o informales.

En el 2018, se aprobó mediante un referéndum la reforma constitucional para regular el financiamiento de las organizaciones políticas, estableciéndose, entre otras medidas, la prohibición de que personas jurídicas con fines de lucro; es decir, empresas, ya sean nacionales o del extranjero, puedan aportar a los partidos.

A opinión de Olcese, al haberse limitado el financiamiento privado, “se han dejado a los partidos políticos a la merced de las industrias ilegales”, un tema que no estaba en el debate público cuando se llevó adelante la reforma.

“Ahora si tú preguntas a la población quién prefiere que financie a los partidos, la formalidad, la ilegalidad o el Estado, están prefiriendo que sea la formalidad porque ahora el crecimiento de las industrias ilegales es mucho mayor y son mucho más visibles ante la opinión pública. No es algo que está solo en el Vraem, está en todo el Perú”, incidió.

Olcese destacó la necesidad de que se reajuste esta situación para que vuelva a ser legal y “pueda competir con las industrias ilegales”; es decir, “que las industrias ilegales no corran solas” en un contexto electoral.

Al respecto, Alejandro Rospigliosi, abogado especialista en temas electorales, apuntó que la experiencia ha demostrado que esa reforma “ha fracasado” y que “es un grave error que debe revertirse”.

También mencionó que hay una percepción ciudadana, a nivel nacional, de que “los candidatos que figuran en el menú de los partidos son colocados por los financistas del sector informal y, peor aún, ilegal”.

“En el Perú, si elegimos a un candidato propuesto y financiado por los sectores de minería ilegal, narcotráfico u otros, claro está que al llegar al poder va a pagar la factura y trabajar por ellos y no por la ciudadanía y sus electores”, aseveró.

Apuntó que se debe aprender cómo funciona el sistema en el extranjero —como en Europa o los Estados Unidos—, en donde los sectores formales, que pagan impuestos y son transparentes, pueden financiar las campañas de la misma manera. El tema está en la transparencia. Y remarcó que se debe “fortalecer y exigir” mayores resultados a la dirección encargada de fiscalizar el tema de la ONPE.

Por su parte, Jorge Jáuregui, abogado especialista en temas electorales, hizo incidencia en que el problema del financiamiento está generando un problema de desigualdad, una brecha que, como Estado, aún no se ha podido solucionar, a pesar de las reformas llevadas adelante.

En su opinión, se está “sesgando la representación de intereses solamente a los grupos de personas que puedan financiar la política y, las personas que no tienen la capacidad de financiar quedan fuera del espacio de deliberación”.

“Podría ser el financiamiento público una cosa más de punto medio, que depender del financiamiento privado. Porque el financiamiento privado va a hacer que las agendas representativas sean, exclusivamente, de los que puedan donar, esto es indistinto si es el crimen organizado o si es el gran aparato empresarial”, aseveró Jaúregui.