El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, espera que se estén aprobando modificaciones a la ley que restringe la lucha contra el crimen organizado antes que termine el mes de octubre.
En declaraciones a la prensa este martes, el titular del Parlamento recordó que la Junta de Portavoces fue la que decidió un día antes que las propuestas para derogar y modificar la norma no pase directamente al pleno y sean evaluadas, más bien, en la Comisión de Justicia.
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“Se propuso a la Junta de Portavoces que esos proyectos sean exonerados a trámites de comisiones y que vaya al pleno el jueves, con la ley de terrorismo urbano que sí se aprobó. Pero el tema vinculado a la ley de crimen organizado no alcanzó los votos suficientes para ser exonerado y obviamente se ha derivado inmediatamente a la Comisión de Justicia”, detalló.
“Se ha exhortado a través de la Junta de Portavoces que lo dictaminen en el más breve plazo posible para que podamos verlo antes de fines del mes de octubre”, agregó.
En la sesión con los voceros de las bancadas este lunes, Eduardo Salhuana propuso que se evalúe y debata sin trámite en comisiones la iniciativa de la parlamentaria Ruth Luque (Bloque Democrático) para derogar la Ley N°3210, que cambió la definición de crimen organizado y estableció que para los allanamientos debe estar el abogado del imputado.
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Según fuentes de El Comercio, esto fue rechazado por la mayoría de agrupaciones y ahora tendrá que seguir un largo camino en la Comisión de Justicia, presidida por Perú Libre, la bancada que promovió la polémica ley y tiene a su líder, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia.
Al respecto, Salhuana aseguró que no cuestiona la decisión tomada por los portavoces.
“Yo respeto la decisión de las bancadas. Somos un colectivo democrático, se asumen las decisiones con votaciones. Lamentablemente no tuvo el respaldo, pero igual va a la Comisión de Justicia y espero que lo resuelvan pronto, el dictamen para que podamos corregir. De lo que sí estoy seguro es que esa norma tiene que ser corregida, modificada para garantizar que las medidas coercitivas realmente se cumplan”, señaló.
