Adelanto de elecciones: Cambio Democrático plantea que comicios se realicen en octubre del 2023



La bancada de Cambio Democrático presentó un proyecto de ley que plantea que las se realicen en octubre del 2023 y no en abril del 2024, como se aprobó en diciembre del año pasado.

Se trata de la , que plantea incorporar la Cuarta Disposición Transitoria Especial a la Constitución Política del Perú en los términos siguientes:

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“La Presidenta de la República actualmente en funciones, convoca a elecciones generales, las que se llevan a cabo en el mes de octubre de 2023. Concluye su mandato el 31 de diciembre de 2023. Los congresistas y representantes ante el Parlamento Andino elegidos en las Elecciones Generales 2021, culminan su representación el 29 de diciembre de 2023. No son de aplicación para ellos por excepción, los plazos establecidos en los artículos 90, 112 y 116 de la Constitución Política”.

Asimismo, propone incorporar dos disposiciones transitorias finales al reglamento del Congreso: la primera señala que para el periodo anual de sesiones 2022-2023, la segunda legislatura se inicia el 1 de febrero y finaliza el 15 de febrero de 2023.

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En tanto, la restante disposición transitoria refiere que en ese mismo periodo, la tercera legislatura se inicia el 16 de febrero y finaliza el 15 de junio de este año.

En la exposición de motivos se señala que la decisión tomada por el Parlamento de extender el mandato de la presidenta y de los congresistas hasta julio del año 2024 no ha contribuido a solucionar la crisis política que afronta el país.

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“Las movilizaciones, en todo el territorio nacional, exigiendo la reconfiguración de los actuales actores políticos continúan; así como la decisión del gobierno de optar por una respuesta represiva y antidemocrática que ha causado la muerte de 45 compatriotas y más de 1200 heridos”, subraya.

Refiere que extender el mandato de los actores políticos hasta julio del 2024 tendrá un “impacto negativo de largo plazo” en la percepción de la democracia para un importante sector del país, que podrían implicar un “grave retroceso para los derechos fundamentales” de los ciudadanos y ciudadanas.


Fuente: El Comercio

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