4 de abril de 2025

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, convocará a un juez dirimente que defina el recurso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) contra la prohibición de ausentarse de Lima Metropolitana en su proceso por lavado de activos. El colegiado, de cinco integrantes, no llegó a emitir su resolución debido a que tres se pronunciaron por el rechazo del recurso de casación y dos para que se declare fundado en parte el pedido. El colegiado de cinco integrantes no llegó a emitir su resolución debido a que se presentó una discordia en el voto de sus integrantes: tres se pronunciaron por el rechazo a la solicitud del ex mandatario, y dos para que se declare fundado en parte el pedido. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 4, 2025 La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anunció en su audiencia este 4 de abril que había dos posiciones divididas y que ninguna logró cuatro votos necesarios para aprobar o rechazar una casación. LEE TAMBIÉN: César San Martín: Fallo sobre Vladimir Cerrón y caso “Aeródromo Wanka” no cambia su situación jurídica respecto a otros procesos César San Martín detalló que tres jueces estaban en contra de variar la regla de conducta por considerar que era de una gravedad mínima, considerando que Kuczynski Godard vive en Lima y solo necesita pedir autorización para poder salir de la ciudad. Sin embargo, otros dos jueces incluyendo al mismo San Martín se pronunciaron a favor de aprobar parcialmente la casación y establecer que la nueva regla de conducta cambie de pedir permiso judicial a solo tener que avisar sobre su salida de Lima con 36 horas de anticipación. Esto, al considerar que PPK tiene 86 años en un proceso judicial que lleva más de 5 años desde que se formalizó la investigación preparatoria. “Queda entonces leída y conocidos los dos bloques de votos en esta causa, para lo cual para su dilucidación se iniciará el proceso de discordia y se llamará al juez supremo llamado por ley para que dilucide esta contradicción en la que no se ha llegado al número de votos”, indicó San Martín. El Ministerio Público, en este caso por lavado de activos, ha pedido 35 años de prisión contra PPK por presuntamente haber beneficiado a Odebrecht en los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto Olmos a cambio de contratos de asesorías a las empresas Westfield Capital y First Capital, vinculadas a Kuczynksi. Source link

Cristian Martínez se presentó este jueves, ante los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, como testigo del Ministerio Público. Interrogado por la fiscalía, contó que luego del mensaje golpista de Pedro Castillo, la edecán de Betssy Chávez comunicó al jefe de su escolta, y este le indicó a él, que se iba a realizar un “traslado” de la entonces jefe del gabinete ministerial. LEE TAMBIÉN | Congreso pretende limitar a la Fiscalía: los riesgos de un nuevo dictamen sobre la prisión preventiva y los delitos alternativos “Procedo a bajar al vehículo para subirlo a la rampa (en la parte posterior de Palacio de Gobierno) y estar listo para salir”, dijo el chofer del denominado ‘cofre’ de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Añadió que cuando la entonces ministra abordó el vehículo, ella misma dio una “indicación abierta: que vayamos a la embajada de México”. Añadió que al ‘cofre’ de la PCM subieron él como conductor, Betssy Chávez y otras dos mujeres, a las cuales no pudo identificar. Cuestionado por la ruta que tomaron, detalló que “salimos de Palacio de Gobierno, tomamos la rampa Chabuca (que pasa por debajo de la Alameda Chabuca Granda), agarramos la avenida Tacna, entramos a la avenida España y salimos por Alfonso Ugarte para la Plaza Bolognesi”. “Ahí nos detuvimos a un costado y la señora nos indicó que la dejáramos en su despacho congresal”, añadió. Ante más preguntas, esta vez de la Procuraduría General del Estado, indicó que no recordaba qué ruta tomaron de la Plaza Bolognesi hacia el despacho congresal. No obstante, sostuvo que este estaba ubicado en el edificio del Congreso en el jirón Junín. “Allí la dejamos (…) Nos despedimos de la señora y no la vimos más”, explicó. En el contrainterrogatorio posterior, la defensa de Betssy Chávez se centró en cuestionar al conductor respecto a quién le dio la presunta orden para ir a la embajada. El testigo detalló que inicialmente, fue la edecán quien le informó al jefe de escolta que la presidenta del Consejo de Ministros requería un desplazamiento y luego este “es quien nos comunica a nosotros”. “No recuerdo (quién era la edecán). Ella se acerca al ambiente donde estamos nosotros (él y el jefe de escolta) a decirnos que la señora (Betssy Chávez) va a iniciar un desplazamiento”. En cuanto a la orden específica para dirigirse a la embajada, se ratificó en que vino de ella. “La indicación que nos da es (de) la señora, la que nos indica es la señora. Después, nosotros nos enfocamos en trasladar a la señora. Esa es nuestra función. La comunicación interna con el personal policial es netamente del desplazamiento: si vas a la izquierda o la derecha; si avanzas, retrocedes o paras”, explicó. Cristian Martínez, chofer de la Presidencia del Consejo de Ministros, declara en el juicio de Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros por el golpe de estado. Foto: Alessandro Currarino / ALESSANDRO CURRARINO La procuraduría remarcó, en respuesta a más preguntas en el mismo sentido de la defensa, que de la declaración del testigo queda clara que la indicación no fue directa de Betssy Chávez para que saque el vehículo, pero que sí lo fue respecto a la dirección de ir a la embajada. Luego, el testigo precisó que si bien el jefe de escolta es quien les traslada la indicación “la indicación del destino”, “todo comienza con la indicación del jefe, el premier (Betssy Chávez)”. “Ella es la única persona que nos indica a dónde vamos. No hay otra persona más que nos indique”, aseveró. La actitud del abogado de la exministra, el exprocurador César Romero, al contrainterrogar y objetar las preguntas de la fiscalía provocó un llamado de atención por parte del presidente de la sala, el juez supremo José Neyra. El magistrado le cuestionó si quería provocar un “conflicto” en la audiencia. En otro momento, a pesar de que esto no era parte del caso, cuestionó las calificaciones laborales y el nivel de estudios del testigo. Versiones encontradas En la audiencia de este jueves también declararon Rosario Patricia Gatty, quien era la edecán FAP de Betssy Chávez al momento de los hechos, y Nataly Vega, quien era secretaria de la PCM. Sus testimonios tuvieron entre sí una contradicción clave respecto a si la primera le informó a la segunda que la exministra se dirigía o no a la embajada de México tras salir de Palacio de Gobierno. Nataly Vega sostuvo que luego del mensaje golpista, vio a Betssy Chávez ingresar a su despacho y luego salir con la mencionada edecán. De acuerdo con otros testigos que han declarado en el juicio, fue en ese momento que la exministra buscó un “formato” o “cartón” para la emisión de un decreto supremo posterior a los anuncios hechos por Pedro Castillo. Nataly Vega, exsecretaria de la PCM, declara en el juicio de Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros por el golpe de estado. Foto: Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO “En ese momento, no conocía (a dónde se dirigía Betssy Chávez)”, dijo la testigo. “Ya era mediodía. Me dirijo a la puerta de PCM y veo que todos, incluso funcionarios, se iban retirando, como escapando (…) En eso veo que un joven se acerca a recepción, al frente de Mesa de Partes. Los señores de Mesa de Partes me comunican que era la carta de renuncia de la señora”. Agregó que, inicialmente, no sabía que Betssy Chávez también se estaba retirando, pero que notó que su edecán estaba “nerviosa”. “Le escribí y la comandante (la edecán) me respondió que estaba en el ‘cofre’ con la premier. Le pregunté a dónde se dirigían y ella me dijo que se iban a la embajada de México”. Esto se contradice con lo dicho por la edecán, Rosario Gatty, dentro de la misma audiencia del juicio. Ella aseguró que no se subió al ‘cofre’ junto a Betssy Chávez, sino al vehículo “seguidor” que iba por detrás suyo, y que nunca supo cuál era el destino. “Ella se

Nuevos testigos de la fiscalía brindarán sus testimonios durante la décimo cuarta audiencia del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado. También son procesados sus exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta Desde las 9 de la mañana, han sido citados como testigos el policía Edwin Gutiérrez; el periodista Antonio Pantoja, quien fue el camarógrafo llevado a Palacio de Gobierno para la transmisión del mensaje golpista; y Heidy Juárez, congresista y entonces ministra de la Mujer al momento de los hechos. Como las sesiones anteriores, será presencial en la sala de audiencias de la Corte Suprema en el complejo policial Dinoes, contigua al penal de Barbadillo, donde el expresidente cumple prisión preventiva. Durante la audiencia del jueves 3 de abril, declararon Cristian Martínez, conductor del vehículo que trasladaba a Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros, y Rosario Gatti, quien fue edecán de la exjefa del gabinete. También Nataly Vega, quien fue secretaria del despacho de la PCM y Lina Sánchez, secretaria del Ministerio de Defensa al momento de los hechos. Mira aquí la audiencia del jueves 3 de abril: En la sesión del martes 1 de abril, brindaron su testimonio la congresista Martha Moyano; así como Nilo Aladino Irigoyen, conductor del vehículo ‘cofre’ que trasladó a Pedro Castillo a su salida de Palacio de Gobierno; y Josseph Grández López, suboficial del la PNP. El legislador Hamlet Echevarría, también citado para esa sesión, no acudió, argumentando tareas propias de su función congresal. Mira aquí la audiencia del 1 de abril: El proceso está a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. La sesión se realiza en la sala de audiencias de la Corte Suprema en el complejo policial Dinoes, contigua al penal de Barbadillo, donde el expresidente cumple prisión preventiva mientras se define su proceso. En la audiencia del viernes 28 de marzo, declararon como testigos, los congresistas Diego Bazán y Adriana Tudela. Mira aquí la audiencia del 28 de marzo: Durante la sesión del jueves 27, que se prolongó por más de cinco horas, se presentaron tres nuevos testigos del Ministerio Público. Mira aquí la audiencia del jueves 27: El primer testigo en declarar fue el general (r) Raúl Alfaro, quien era el comandante general de la Policía durante el golpe de Estado. Luego, fue el turno de Cintya Malpartida, periodista de TV Perú enviada a Palacio de Gobierno para la transmisión del mensaje golpista. LEE TAMBIÉN: “Usted ha leído un delito”: Exministro revela qué le dijo a Pedro Castillo luego de su mensaje golpista y la justificación que dio el expresidente En la sesión del martes 25 brindó su testimonio el general (r) Jorge Angulo, número cuatro en el escalafón policial al momento del golpe de Estado. Luego sería comandante general de la PNP entre marzo del 2023 y enero del 2024. LEE TAMBIÉN: Nuevo testigo corrobora en juicio que Pedro Castillo ordenó a la PNP ejecutar el golpe y más declaraciones apuntan hacia Betssy Chávez Mira aquí la audiencia de este martes 25: La Fiscalía pide una condena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. LEE TAMBIÉN: “Necesitaba un cartón de decreto supremo”, testigos confirman rol de Betssy Chávez en golpe de Estado de Pedro Castillo También son acusados la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez; su exasesor principal y exjefe del gabinete, Aníbal Torres; y el exministro del Interior Willy Huerta; además de dos policías. Mira aquí la audiencia del jueves 20: Durante la audiencia del jueves 20 de marzo, declararon el exministro Alejandro Salas, así como Juan Navarro Pando, secretario general del Ministerio de Cultura durante la gestión de Betssy Chávez y el día del golpe. LEE TAMBIÉN ’ Exjefe del Ejército afirma que Pedro Castillo buscó cambiarlo antes del mensaje golpista: los detalles de su reunión en el día del golpe Source link

La medida fue ejecutada por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del JNE. Vizcarra fue inhabilitado por primera vez en 2021 por un periodo de 10 años, tras haber recibido de manera irregular la vacuna contra el COVID-19 cuando era presidente de la República. Esta sanción le impidió asumir el cargo de congresista, pese a haber sido elegido con la mayor votación nacional en las elecciones de ese mismo año. En mayo de 2022, el Congreso le impuso una segunda inhabilitación de cinco años debido a presuntos vínculos con empresas privadas mientras se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Además, enfrenta un tercer proceso de inhabilitación por la disolución del Congreso en octubre de 2019. Antes de retirar a Vizcarra del padrón de afiliados, el JNE solicitó al Congreso la lista de ciudadanos inhabilitados y consultó al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional sobre la vigencia de dichas inhabilitaciones. En marzo pasado, el diario El Comercio adelantó que Vizcarra podía ser excluido de su partido debido a un antecedente similar ocurrido hace dos décadas, resuelto por el Tribunal Constitucional. Consecuencias de la decisión Como resultado de esta medida, Vizcarra deja de ser formalmente militante de Perú Primero y solo podrá ser considerado simpatizante de la agrupación. “Esto refuerza la tesis de que no puede postular. […] Digamos que lo están desenmascarando, porque él seguía diciendo que va a ser candidato”, afirmó el abogado José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral. Pese a las inhabilitaciones, Vizcarra ha continuado con actividades proselitistas y ha asegurado que participará en las elecciones generales de 2026. En reiteradas ocasiones, se ha identificado como “afiliado y primer militante” de Perú Primero. Jurisprudencia y limitaciones de derechos En 2023, el pleno del JNE rechazó una tacha contra el partido Perú Primero y permitió que continuara su proceso de inscripción. No obstante, determinó que Vizcarra no podía ser registrado como su fundador ni como presidente ejecutivo. Silvia Guevara, especialista en temas electorales, explicó que en ese momento la tacha estaba dirigida al partido, no a la inscripción de Vizcarra. “El Jurado Nacional de Elecciones optó por pronunciarse únicamente por el tema que atañe al partido, no sobre la afiliación de Vizcarra. […] Siempre quedó en el tintero la decisión respecto a esa afiliación. Ahora, sin afiliación y además inhabilitado de sus derechos políticos, no puede ser candidato ni funcionario público”, sostuvo. El abogado José Naupari destacó que el JNE ha seguido la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional (TC). En 2005, el TC declaró infundado un recurso que cuestionaba la inhabilitación impuesta en 2004 al expresidente Alberto Fujimori. En dicha sentencia, se precisó que las inhabilitaciones impiden al sancionado ejercer el derecho de sufragio, el derecho de participación política y el derecho a fundar, organizar o representar a una organización política. “Lo que hace el jurado es aplicar a Vizcarra y a todos los que tienen inhabilitaciones políticas vigentes los alcances de la inhabilitación de acuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional”, sostuvo Naupari. Estrategia de defensa Pese a la decisión del JNE, Vizcarra insistió en que postulará en 2026 y afirmó que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir su inhabilitación. “Ya estamos acostumbrados a este tipo de ataques y persecución política constante de los grupos políticos acostumbrados a manejar el poder. Esta no es una decisión burocrática, sino parte de una estrategia política mayor. Los grupos económicos de poder y los grupos políticos que manejan nuestro país no quieren permitir que el pueblo defina su futuro en las elecciones del próximo año”, declaró en un video difundido en sus redes sociales. Su vocero, el exministro Alejandro Salas, señaló que Vizcarra “con más fuerza seguirá recorriendo el país” y afirmó que ya han presentado una medida cautelar ante la CIDH. El exmandatario no solo enfrenta inhabilitaciones políticos, sino también acusaciones fiscales. Actualmente se encuentra en juicio oral por cobrar presuntas coimas en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando fue gobernador de esa región. El Ministerio Público pide 15 años de prisión contra Vizcarra por el presunto delito de cohecho. De acuerdo con la acusación fiscal, Vizcarra acordó con la constructora Obrainsa, en noviembre del 2013, el pago de una coima de S/ 1 millón a cambio de información privilegiada que les permitió hacerse con el proyecto de irrigación Lomas de Ilo. La defensa del expresidente niega la acusación. En tanto, los pagos de la constructora ICCGSA a Martín Vizcarra por la obra Hospital de Moquegua en el 2014 habrían sido seis, por un total de S/ 1 millón, con el exministro José Manuel Hernández como intermediario. El juicio está a cargo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional. Otros casos de inhabilitación El Registro de Organizaciones Políticas del JNE también excluyó del padrón de afiliados al exministro de Salud Víctor Zamora y al excongresista Freddy Díaz. Zamora estaba inscrito en el partido Ahora Nación, pese a que en diciembre de 2023 fue inhabilitado por 10 años debido a la compra de pruebas rápidas durante la pandemia de COVID-19. Ahora Nación tiene como posible candidato presidencial a Alfonso López Chau Nava, actual rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Por su parte, Freddy Díaz, afiliado a su propio movimiento regional, Pasco Verde, fue inhabilitado en enero de 2023 por un periodo de 10 años. El Congreso lo sancionó tras determinar que hizo “mal uso de su poder como congresista de la República y su investidura para sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora bajo su cargo” en julio de 2022. Posteriormente, el Poder Judicial lo halló culpable de violación sexual y lo sentenció a 13 años y cuatro meses de prisión. Díaz integraba la bancada de Alianza para el Progreso (APP). Source link